La entidad recurrente invoca tres supuestos de procedencia relacionados con la violación de ley, interpretación errónea de la ley y aplicación indebida de la ley y, señala en general, que se transgredieron los artículos (...) de la Constitución Política de la República de Guatemala; (...) Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, Decreto 63-88 del Congreso de la República de Guatemala; y 1 del Decreto 30-2011 del Congreso de la República de Guatemala, pues argumentó que la sentencia recurrida avala que sean percibidas dos pensiones del Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado, siendo claro que el Decreto 30-2011 del Congreso de la República de Guatemala, establece que un pensionado no puede recibir más de una pensión; sin embargo, al desarrollar los submotivos únicamente se refiere en forma genérica a los tres, sin exponer un argumento adecuado y pertinente de acuerdo a la configuración jurídica de cada uno, por el contrario, se denota que su planteamiento está dirigido a indicar una violación a los principios fundamentales del bien común e igualdad en dignidad y derechos; no obstante, no complementa técnicamente su impugnación, pues no encuadra los submotivos de conformidad con el artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el sentido de señalar en forma individual cuáles fueron las normas violadas, indebidamente aplicadas o las erróneamente interpretadas, así como su respectiva tesis, que permitieran a este Tribunal incursionar en el estudio de fondo de cada una de ellas, al ser excluyentes unas
con otras.”